Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto.

La Constitución Española, en su artículo 14, reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. A su vez, el artículo 9.2 de la Ley Fundamental establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social, así como el artículo 10 de la Constitución, de los derechos y deberes fundamentales, que establece la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social. En congruencia con estos preceptos la Carta Magna, en su artículo 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos.

Estos derechos y libertades enunciados constituyen hoy uno de los ejes esenciales en la actuación sobre la discapacidad. Los poderes públicos deben asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar del conjunto de todos los derechos humanos: civiles, sociales, económicos y culturales.

La persistencia en la sociedad de desigualdades, pese a las inequívocas proclamaciones constitucionales y al meritorio esfuerzo hecho a partir de la Ley 13/1982, de Integración Social de los minusválidos, y, lo que es más importante todavía, los cambios operados en la manera de entender el fenómeno de la «discapacidad» y, consecuentemente, la aparición de nuevos enfoques y estrategias: hoy es sabido que las desventajas que presenta una persona con discapacidad tienen su origen en sus dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y condiciones limitativas que en la propia sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona media, se oponen a la plena participación de las personas con diversidad funcional.

Siendo esto así, es preciso diseñar y poner en marcha estrategias de intervención que operen simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las condiciones ambientales. En esta perspectiva se mueven dos estrategias de intervención; la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal.

La apuesta clave por la accesibilidad universal se materializa con la creación en el año 2011 de la Concejalía de Accesibilidad, que desde ese instante vela por la promoción de las personas con diversidad funcional a partir de actuaciones y actividades concretas, actuando como eje fundamental de la política municipal en materia accesibilidad e incidiendo de un modo transversal sobre el resto de las concejalías. Supone un paso más en el camino anteriormente iniciado, materializando y haciendo más efectiva la igualdad de oportunidades.

 

Mª Teresa Díaz Hernández
Concejala de Familia, Igualdad y Accesibilidad

Concejala delegada

Mª Teresa Díaz Hernández

Teléfono: 927 42 85 00
Fax: 927 42 13 04
Mail: concejaliafamilia@aytoplasencia.es

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